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El alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), ha aprobado la Instrucción Técnica 1/2025 con la que reinterpreta las normas urbanísticas municipales para permitir actividades extractivas en suelos no urbanizables de especial protección, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró ilegales esas mismas actividades en una sentencia de 17 de julio de 2019, firme desde septiembre de 2023.
Según denuncian la Plataforma Salvemos Esparteros y Ecologistas en Acción, la instrucción pretende abrir la puerta a la reapertura de la cantera de la empresa SIDEMOSA en la Sierra de Morón y a la posible implantación de una nueva macrocantera en la zona de Esparteros, en contra del fallo judicial que anuló la prórroga de la explotación minera por ser incompatible con la normativa urbanística vigente.
La medida se apoya en la tesis de un supuesto “error material” en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que habría prohibido “por equivocación” las extracciones en suelos de especial protección, muchos de ellos clasificados como de Conservación Prioritaria. Sin embargo, el TSJA ya rechazó expresamente esa interpretación y desestimó la existencia de errores en la normativa.
Para sostener la nueva instrucción, el Ayuntamiento ha encargado informes técnicos y jurídicos —internos y externos— por un importe superior a 22.000 euros, financiados con fondos públicos. Los colectivos ecologistas subrayan que estos informes contradicen tanto los fundamentos jurídicos de la sentencia firme como los dictámenes previos de algunos de los mismos técnicos que sirvieron de base al fallo judicial.
“La alcaldía, en lugar de cumplir la sentencia, ha invertido dinero de todos en construir una salida técnica a medida que beneficia a la empresa extractora”, denuncia un portavoz de la Plataforma Salvemos Esparteros. “Es una burla a la ciudadanía y al Estado de Derecho”.
La instrucción fue aprobada por decreto de Alcaldía, sin debate en el Pleno municipal, sin periodo de información pública ni evaluación ambiental, y sin posibilidad de presentar alegaciones. Los denunciantes consideran que el procedimiento vulnera los principios de transparencia y participación ciudadana recogidos en la legislación ambiental.
Además, recuerdan que el contenido de la instrucción contradice una moción aprobada por unanimidad en el Pleno del 22 de septiembre de 2022, a propuesta de la propia Plataforma, que garantizaba la protección definitiva de la Sierra de Morón frente a actividades extractivas.
Las críticas se extienden también al uso de recursos públicos. En la elaboración de la instrucción han intervenido arquitectos municipales, el letrado del Ayuntamiento, abogados externos y el equipo redactor de la Adaptación Parcial, todos ellos sufragados con fondos municipales. A ello se suma, según las organizaciones, que el Consistorio no ha reclamado a SIDEMOSA las costas judiciales impuestas en otra sentencia previa.
El conflicto con la minería en la Sierra de Morón no es nuevo. En 2021, el Ayuntamiento tuvo que archivar el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) tras recibir 4.431 alegaciones ciudadanas contra una modificación que permitía las actividades extractivas en la zona, al considerar que vulneraba la legislación ambiental.
Ante esta situación, la Plataforma Salvemos Esparteros exige la suspensión inmediata de la Instrucción Técnica 1/2025, su sometimiento a debate público y tramitación ambiental, la rendición de cuentas sobre el gasto público destinado a los informes y el respeto “escrupuloso” de la sentencia del TSJA y de la normativa urbanística que protege los suelos de Conservación Prioritaria. También reclama transparencia total en todos los expedientes relacionados con la actividad minera en el término municipal.