- Diario de Morón

Una vecina de Morón a prisión por incumplir reiteradamente el confinamiento

 dairiodemoron.com|Morón|11/04/2020

 Una vecina de Morón de la Frontera denunciada en varias ocasiones por incumplir el confinamiento ha sido finalmente detenida por desobediencia reiterada y enviada a prisión por orden del Juzgado de la localidad.

La Policía Nacional, cumpliendo las órdenes del Ministerio del Interior, patrulla por las calles de la localidad para hacer cumplir las medidas de contención del contagio del coronavirus y sigue sancionando por incumplir las medidas de restricción del estado de alarma.

Recuerdan a los ciudadanos que únicamente podrán circular por las vías de uso público para adquisición de alimentos y productos farmacéuticos, para asistir a centros sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo o retornos del mismo hacia el domicilio habitual, asistencia de mayores, menores o dependientes. "Todas las actividades deberán realizarse de forma individual salvo que se acompañe a persona con discapacidad, dependientes o por alguna causa justificada".

El incumplimiento de las medidas incluidas en el decreto que declara el estado de alarma ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 puede acarrear para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta pena de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad.

El listado de sanciones que manejan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se apoya en cuatro normas: la Ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza'; la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal.

Quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada se castiga con pena de uno a tres meses de cárcel. El de atentado prevé penas de hasta cuatro años de prisión (y el personal sanitario se incluye entre los agentes de autoridad a esos efectos).