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El alcalde de Morón de la Frontera ha convocado un pleno extraordinario para el próximo martes 3 de diciembre, en el que se abordarán dos asuntos de relevancia municipal.
El primer punto del orden del dÃa consiste en la consideración de la memoria justificativa de la viabilidad de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio mediante sociedad mercantil local, junto con sus anexos y proyecto de estatutos (Expte. 6629-2023).
Sin embargo, el foco mediático recae en el segundo punto, que plantea la aprobación del proyecto de construcción de superficies de evaporación de aguas residuales en la planta de aderezo, deshueso-relleno, envasado y oxidación de aceitunas de la empresa Aceitunas Guadalquivir, S.L., ubicada en el Paraje El Prado, PolÃgono 73, Parcela 72 (Expte. 2883-2025).
El debate llega en un contexto de polémica ambiental, después de que el Juzgado nº1 de Sevilla admitiera a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra la actuación del alcalde. Según señalan los ecologistas, la empresa habÃa iniciado la construcción de dos nuevas balsas de residuos sin la autorización municipal ni la de la Junta de AndalucÃa, mientras el procedimiento de calificación ambiental estaba en curso.
La denuncia destaca que, tras constatar la construcción de las balsas en julio, la Comandancia del SEPRONA presentó una denuncia por obras sin licencia ni proyecto técnico. Pese a ello, el alcalde archivó el expediente ambiental el 5 de agosto, sin dar trámite de audiencia a los colindantes. Ecologistas en Acción sostiene que esta decisión incumple los procedimientos legales y amenaza los olivares protegidos de la zona, sumando nuevas superficies de balsas a otras 39 existentes en la región.
El recurso presentado ante la justicia busca revertir el archivo del expediente ambiental, y los ecologistas no descartan ampliar las denuncias hacia posibles delitos de prevaricación urbanÃstica y ambiental. Las sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de AndalucÃa, confirmadas por el Tribunal Supremo, ya habÃan anulado acuerdos plenarios similares por incumplimiento de la normativa urbanÃstica, poniendo en entredicho la actuación municipal en materia de control ambiental y urbanÃstico.
El pleno del martes será, por tanto, un momento clave para decidir el futuro de este controvertido proyecto, que ha generado preocupación tanto por su impacto ambiental como por la legalidad del proceso administrativo seguido hasta la fecha.