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El gobierno municipal de Morón de la Frontera sufrió el pasado jueves un duro revés político después de que todos los grupos de la oposición se unieran para sacar adelante la moción presentada por el Partido Popular, que obliga al alcalde a revertir las subidas de impuestos previstas para 2025.
La propuesta, defendida por la portavoz popular Gloria Hidalgo, salió adelante con el apoyo de AMA e IU, evidenciando el aislamiento del equipo de gobierno en una de las principales cuestiones económicas del mandato. El texto aprobado reclama dejar sin efecto los incrementos fiscales aplicados este año y acometer una revisión a la baja de varias tasas municipales, una medida que —según el PP— pretende “aliviar la presión fiscal” sobre los hogares y la actividad económica local.
La moción denuncia que la subida aprobada por el Ayuntamiento no ha servido para reducir el gasto ni para mejorar el equilibrio de las cuentas, y acusa al gobierno local de sostener el gasto corriente gracias al incremento recaudatorio. “Este modelo no es sostenible ni justo para los vecinos”, sostiene el documento, que plantea la necesidad de un giro en la gestión económica.
El pleno también respaldó la exigencia de elaborar unos nuevos presupuestos para 2026, diferentes a los aprobados, y que incluyan un ajuste de “al menos un millón de euros” mediante medidas de ahorro, control del gasto y eliminación de partidas consideradas prescindibles.
Otro de los puntos de mayor calado es la petición de una auditoría externa e independiente que analice la gestión económica del Ayuntamiento durante la última década y que sus conclusiones deberán hacerse públicas para garantizar la transparencia.
La aprobación de la moción supone un desafío directo para el alcalde, que ahora se ve obligado a rectificar la política fiscal diseñada por su equipo. La oposición celebró el resultado como un “cambio de rumbo necesario”, mientras que fuentes municipales admiten que la decisión condiciona de forma significativa el diseño de las próximas cuentas.
El gobierno local deberá ahora decidir cómo implementa la orden del pleno y si opta por negociar los nuevos presupuestos con la oposición o buscar alternativas que le permitan mantener su estrategia económica.