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Ecologistas en Acción ha denunciado en un comunicado la falta de medidas en la emergencia por sequía en el Consorcio de Aguas ‘Plan Écija’. El Consorcio de Aguas ‘Plan Écija’, a través de su ente instrumental ARECIAR, distribuye en alta más de 14 hm³ anuales de agua potable, abasteciendo a una población de 181.000 habitantes desde la potabilizadora de Écija.
Los ecologistas detallan que el Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía (PEM), exigencia normativa derivada de la Ley de Aguas de Andalucía, es el instrumento con el que cuenta ARECIAR para abordar las sequías, entendiéndose estas como el fenómeno natural caracterizado por un periodo de larga duración con precipitaciones y aportaciones inferiores a la media de la zona.
Este Plan tiene como objetivo principal analizar y establecer el procedimiento de actuación necesario para gestionar y minimizar los efectos negativos de una escasez coyuntural, es decir, cuando hay una dificultad temporal para satisfacer las demandas de los diferentes usos (abastecimiento, agrario, industrial...). Persigue aumentar la resiliencia del sistema de abastecimiento para adaptarse a las situaciones de disminución de precipitaciones y aportaciones sin que la ciudadanía se vea afectada.
En el Plan se configura un sistema de indicadores hidrológicos que mensualmente diagnostican la situación y que deben facilitar la identificación de situaciones de disminución de precipitaciones, las aportaciones en régimen natural e identificar las situaciones de dificultad para atender las demandas. Esos indicadores pueden ser de diversa tipología: registros pluviométricos, aportaciones hídricas mediante estaciones de aforo, volúmenes embalsados, reservas de nieve, niveles piezométricos, ...
Una vez determinado los indicadores, se procede a diagnosticar y declarar los distintos escenarios que conducirán a la activación o desactivación de las acciones específicas (medidas administrativas y de gestión), a implementar para garantizar la demanda de los distintos usos. Los umbrales de cada indicador establecen las distintas categorías: Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia.
Según indican desde Ecologistas en Acción, en el Consorcio existen dos embalses de regulación que son el origen de los recursos utilizados, por una parte, el Bembézar (342,1 hm³) y, por otra, el Retortillo (61,2 hm³), de los cuáles atienden a casi la totalidad de las demandas en la zona. Según el PEM, cuando el volumen embalsado se sitúe por debajo de 62 hm³ entre los meses de mayo a septiembre, se tiene que declarar la emergencia o escasez grave, es decir, el sistema solo dispone de reservas para atender la demanda durante 1 año si se aplican las medidas previstas.
Entre ellas, intensificar las campañas de educación y concienciación de ahorro; incrementar la reducción del volumen de agua suministrada para abastecimiento, al menos del 5%; reducir las dotaciones de riego de las dos Comunidades de Regantes (la del margen izquierdo y derecho del Bembézar) para llegar al final de la campaña con un acumulado de 62 hm3 entre los dos embalses; o solicitar a la Comisaría de Aguas que mantenga especial vigilancia a detracciones de caudal para riegos.
“Si tenemos en cuenta que en los meses veraniegos no va a haber precipitaciones que cambien sustancialmente el nivel de los embalses, nos preguntamos qué medidas está implementado ARECIAR para controlar la demanda urbana y agraria. Más allá de los bandos municipales publicados a mediados de abril, que sepamos, no ha existido ninguna campaña ciudadana para reducir el consumo, existiendo un riesgo importante para no garantizar el suministro de abastecimiento a la población en las próximas semanas”, añaden.
Ante la previsión negativa, incrementada por la incertidumbre del cambio climático, se plantea la incorporación al sistema de recursos externos. De hecho, en el Real Decreto-ley 4/2023, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía, convalidado por la Diputación Permanente el 7 de junio, incluye en el Anexo I como actuaciones de ejecución inmediata, la captación en el río Genil para abastecimiento del Consorcio ‘Plan Écija’, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.
Desde las organizaciones ecologistas implantadas en el territorio, exigen al ente instrumental ARECIAR, que -en un ejercicio de transparencia- informe permanentemente a la población abastecida e implemente las medidas previstas en el Plan de Emergencia por Sequía para incrementar la capacidad de embalse por encima del umbral establecido de 62 hm³ entre mayo y septiembre.
Entre algunas medidas “creemos urgente iniciar campañas de ahorro ciudadano más efectivas que logren disminuir el consumo por habitante y día en los municipios abastecidos; la emisión de nuevos bandos con consejos para ahorrar agua en los hogares; prohibir el uso de agua potable para el riego de jardines y zonas verdes, así como el llenado de fuentes ornamentales; reducción drástica de la demanda agraria en el Bembézar; activar la transferencia de derechos de riego; campaña de control y detección de captaciones ilegales tanto para abastecimiento de segundas residencias fuera de ordenación (incluido el llenado total o parcial de piscinas particulares), como para regadío, incluido el sellado de pozos que no cuenten con concesión de aprovechamiento de aguas, tal y como establece el RDL de sequía; o endurecimiento de las sanciones previstas por no respetar las prohibiciones previstas en el Plan, antes de cualquier medida de restricción del consumo urbano como en la recordada sequía de los años 90”.
Por último, recuerdan que “el acceso al agua es un derecho humano reconocido por la ONU y ocupa el primer puesto en orden de prioridades. Por lo que, de no empezar a tomar desde ya medidas impopulares, los cortes de agua a la población abastecida desde ARECIAR se harán frecuentes en las próximas semanas”.