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Ignacio Cala (PSOE) engaña a los vecinos de Morón anunciando una encuesta sobre vivienda que no puede realizar en campaña electoral

 diariodemoron.com|Morón|16/04/19


En la línea habitual del actual equipo de Gobierno local de Morón de la Frontera, el delegado de Urbanismo y portavoz socialista, Ignacio Cala, ha vuelto a utilizar la propaganda para intentar engañar a los vecinos de Morón. En esta ocasión ha anunciado una encuesta para “conocer las necesidades reales de vivienda en Morón”, algo que prohíbe expresamente la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, en periodo electoral.

En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación desde el Consistorio moronense en la mañana de este martes, Cala anuncia que va a realizar una encuesta entre las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda “para que manifiesten su opinión de cara a la construcción de las 51 viviendas” previstas en los terrenos de la barriada El Pantano, que en estos momentos está urbanizando el Ayuntamiento de Morón.

El ahora socialista sabe que eso no sería legal, ya que la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía recoge en su artículo 15 los períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de participación ciudadana, entre los que se incluye, en el apartado ‘a’: “Entre la convocatoria de elecciones a Cortes Generales y la constitución de las nuevas Cámaras”. Además, “los procesos de participación ciudadana locales no podrán ser convocados ni tener lugar durante el período que media entre la convocatoria de las elecciones municipales y 90 días posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno municipal”.

El PSOE vuelve a utilizar la necesidad de viviendas en elecciones

De esta forma, los socialistas moronenses vuelven a utilizar la necesidad de viviendas como arma electoral. Algo que ya ocurrió en 2015 cuando el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rodríguez anunció en plena campaña electoral la venta de los terrenos situados en la conocida como zona de los pabellones militares de la Alameda “a precios asequibles”, dando a entender que se construirían viviendas sociales. Algo que el tiempo ha demostrado que era falso, tal y como denunció Diario de Morón.

Los terrenos eran propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa y estaba prevista su enajenación por el procedimiento habitual que le permitía la legislación vigente, esto es, “la subasta pública al alza y con proposición económica en sobre cerrado”, según informaron en esas fechas fuentes del Ministerio de Defensa a este medio.

 

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